Internet : Criminalización VS Netdemocracy

Conclusiones del 4º FCForum

SUMARIO

I- INTRODUCCIÓN

El poder de Internet y las redes sociales como herramienta de movilización ciudadana y coordinación del activismo se ha puesto de manifiesto a gran escala a lo largo de los dos últimos años. Las revueltas por las libertades en el mundo árabo hablante y la emergencia de movimientos como el #15M, el Occupy y el YoSoy132 mexicano han mostrado que es necesario reactualizar las democracias existentes, han creado un nuevo concepto de ciudadanía y han modificado la relación entre Gobiernos y gobernados. La red es una nueva herramienta de transformación social y democrática que los ciudadanos están usando cada vez más activamente y de forma transformadora y es, al mismo tiempo, un campo de batalla con el poder.

La lucha por la defensa de Internet y de la cultura libre en la que trabaja el Free Culture Forum desde hace años tiene hoy todavía más sentido y es más urgente si cabe. Proteger la red equivale a proteger esta nueva era digital y a afianzar el cambio de paradigma.

Como ya hizo en su edición de 2010, cuando presentó el informe sobre modelos sostenibles para el sector creativo, el Free Culture Forum 2012 ha dedicado una parte de su trabajo a acelerar la reconversión del sector cultural.

La estrategia del FCF 2012 en este ámbito se centra, sobre todo, en desactivar las excusas que se amparan en la defensa del copyright para atacar Internet y obstaculizar la libre circulación del conocimiento y la información y el desarrollo de nuevas formas de economía, sostenibilidad y participación ciudadana.

Para desactivar la excusa del “copyright”, ha presentado dos propuestas. La primera está encaminada a ampliar el alcance del crowdfunding para convertirlo en una herramienta real de financiación. La segunda, el lanzamiento de la sección española de Taringa! Música, tiene por objetivo revolucionar los dispositivos de intercambio con afán de lucro.

El FCForum ha lanzado además una Agenda positiva para la reforma de los derechos de autor en el ámbito europeo: se trata de un prototipo colaborativo elaborado junto con la Quadrature du Net, Communia y Richard Stallman, el inventor del software libre y de las prácticas de copyleft, que busca substituir el enfoque represivo y restrictivo de las legislaciones que atañen a la red (sean actuales o futuras) por otro que impulse el libre acceso y circulación de la cultura.

Aunque a lo largo del 2012 la sociedad civil ha conseguido colectivamente importantes victorias legales (desde el rechazo a las leyes estadounidenses ACTA y PIPA hasta el reconocimiento por parte de la ONU de la libertad de expresión en la red como derecho fundamental), queda mucho camino por recorrer y nuevas amenazas ante las que defenderse.

Conscientes de la pérdida de poder, los gobiernos y los lobbies estudian la manera de controlar más ampliamente la forma en la que la ciudadanía usa los ordenadores. Para ello están elaborando nuevas legislaciones o reformando algunas de las existentes e incluyendo el concepto de “ciberdelito”, como es el caso de la reforma del Código Penal en España. Se trata de un enfoque represivo que persigue controlar Internet políticamente y desactivar la capacidad de los ciudadanos conectados y organizados en red de articular movimientos de desobediencia civil a través de ella y de fiscalizar la actividad de gobiernos y corporaciones.

La red es una herramienta de transformación y de lucha pero para tener una sociedad realmente democrática, donde todo el mundo pueda elegir libremente, es necesario garantizar la transparencia, el acceso a los datos públicos y la libertad de información. A más información, mayor es el conocimiento y control que los ciudadanos pueden ejercer sobre los gobiernos y las empresas. También es necesario impulsar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones de los asuntos públicos que les atañen.

La participación, la libertad de información y la transparencia son valores irrenunciables e indicadores clave para la democracia del siglo XXI. Los ciudadanos conectados están ya construyendo en la red las condiciones para que ello sea posible: el llamado periodismo ciudadano y el nuevo periodismo profesional independiente han acabado con el monopolio informativo que atesoraban los lobbies de poder al mismo tiempo que numerosas iniciativas surgidas de la sociedad civil buscan incrementar la transparencia y están rescatando de la opacidad administrativa información pública que se intenta ocultar: desde cómo se toman las decisiones a cómo se gestiona el dinero. A la vez, están investigando y desarrollando nuevas herramientas para permitir al ciudadano participar en la adopción de legislaciones y en la toma de decisiones públicas.

El FCForum 2012 ha debatido en profundidad todos estos ámbitos capitales: ha analizado las legislaciones represivas y las maneras y herramientas para combatirlas, ya sea desde el activismo o desde la seguridad; ha discutido los retos de los nuevos modelos de periodismo; ha estudiado las herramientas participativas digitales y ha compartido la experiencia de distintos actores y plataformas ciudadanas que luchan por la transparencia. De todo ello, ha puesto en marcha estrategias aglutinadoras y dispositivos para potenciar el trabajo colaborativo.

II. LOS CIBERDELITOS COMO EXCUSA: CRIMINALIZAR INTERNET PARA CONTROLARLA

El poder ha querido desde siempre controlar cualquier nueva forma de comunicación. Eso ha sido evidente en países bajo regímenes autocráticos, como los del mundo árabo hablante, que impulsaron el acceso a Internet por cuestiones económicas a la vez que controlaron férreamente el flujo de información por razones políticas.

Como contó en el FCForum la periodista Lali Sandiumenge, que ha investigado el activismo digital árabe desde sus inicios, Internet fue desde muy pronto una plataforma de expresión, comunicación y desobediencia civil para los colectivos marginados -disidentes políticos, activistas de derechos humanos o minorías sexuales y religiosas- y un campo de batalla donde gobiernos y activistas jugaron y siguen jugando al gato y al ratón.

Pero la vigilancia, la censura y la represión en la red no es patrimonio de los regímenes dictatoriales. Desde el inicio de Internet y de las redes telemáticas los gobiernos y las grandes corporaciones occidentales han intentado criminalizar su uso.

Uno de los primeros ataques contra la libertad de expresión en el mundo digital fue la “Operación Diablo del Sol” que lanzó el FBI en Estados Unidos en 1990 contra los BBS y que dio lugar al nacimiento de la Electronic Frontier Foundation (Fundación de la Frontera Electrónica), la organización que defiende las libertades civiles en el mundo digital. En abril pasado, el mismo FBI cerró el sitio anonyops.com, declaró Anonymous como una organización terrorista y advirtió que considerará como delito cualquier vinculación o participación en las operaciones de este colectivo hacktivista.

A. Represión y defensa en la era post media: el Código Penal Gallardón

También en España la tendencia ha sido criminalizar progresivamente la red. “El objetivo ha sido siempre evitar las brechas por donde se pueda atacar el sistema”, explicó en el FCForum el abogado especialista en temáticas relacionadas con Internet Carlos Sánchez Almeida.

Desde que el Código Penal de 1995 incluyó los primeros delitos informáticos, todas las normativas, como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), aprobada durante el gobierno de José María Aznar y endurecida posteriormente, han buscado ejercer el control político de la red, con independencia del partido que estuviera en el Gobierno y de cuál hubiera sido su postura en la oposición.

Lo mismo ha pasado con la Ley de la Propiedad Intelectual, que se ha ido endureciendo desde principios de los 90. Con la aprobación del Real Decreto 1889/2011 de 30 de diciembre, que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, se cerró el círculo de control administrativo de la red.

La situación ha empeorado en España desde el surgimiento del movimiento 15M en 2011. En el mes de abril pasado se informó que el ministerio del Interior se propone crear una nueva Unidad Central de investigación de Delitos Tecnológicos que, entre sus tareas, prevé perseguir el fraude cibernético, proteger la propiedad intelectual y el derecho al honor y a la intimidad y cuyo campo de acción incluye también las redes sociales.

A nivel legal, el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en septiembre un anteproyecto de reforma del Código Penal al Consejo de Ministros que busca, según afirmó Sánchez-Almeida, “criminalizar la desobediencia civil y poner en situación de proscritos a todos lo militantes de los movimientos sociales”.
La reforma ha sido denunciada también con dureza por Jueces para la Democracia.


1. Los artículo más conflictivos

Sánchez Almeida resumió algunos de los artículos mas conflictivos del Código Penal Gallardón y consideró que algunos de ellos están “claramente destinados a impedir acciones de desobediencia civil como las que lleva a cabo StopDesahucios, el 25S Rodea el Congreso e, incluso, los Iaoflautas”.

El abogado mencionó, entre otros, los artículos 554, 556 y siguientes, que se refieren a los desórdenes públicos y penalizan, en vez de la “resistencia activa grave”, como hasta ahora, la “resistencia” a secas.

Acogiéndose al nuevo artículo 557, que castiga “la ocupación de un establecimiento abierto al público” que cause “una perturbación relevante”, los Iaioflautas hubieran cometido un delito y habrían podido ser detenidos cuando llevaron a cabo en el mes de septiembre pasado la ‘travesura’ #labolsaolavida y entraron en la Bolsa de Barcelona.

El Código Penal Gallardón intenta criminalizar también la libertad de expresión en Internet reformando el artículo 559, que castiga con penas de prisión y multas la “difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión” de delitos de alteración del orden público o “sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”.

“Se ataca el derecho a la libertad de expresión y simplemente jalear una propuesta, por ejemplo en Twitter, puede ser motivo de represión”, advirtió el abogado. “Se trata de una declaración de guerra contra el ciberactivismo. El objetivo de la reforma es crear un nuevo delito de opinión: apoyar en la red la protesta en la calle”.

Sánchez Almeida recordó que el sumario de Rodea el Congreso arrancó con una denuncia de la Brigada de Delitos en Internet y consideró que con el Código Penal Gallardón se le está dando una herramienta muy peligrosa a la policía. “Con una ley así la policía investigará a todo el mundo”, afirmó. “Lo que digan los jueces al cabo de siete años, que es lo que suele durar un caso de delito informático, da lo mismo, ya han conseguido su objetivo, que es hacer publicidad para intimidar al resto de la población”.


2. Cómo contrarrestar la reforma

El Código Penal es una ley orgánica que requiere de la mayoría de las dos cámaras, por lo que su tramitación será larga. Para contrarrestarla, hay que esperar a que entre en el Parlamento tras el dictamen del Consejo de Estado y estar atento a la fase de enmiendas.
Se trata de “una fase llena de trampas en la que se pueden introducir enmiendas de última hora”, advirtió el abogado, pero es también el momento para bombardear a los diputados y llevar a cabo acciones masivas exigiendo que introduzcan cambios.

Carlos Sánchez Almeida consideró, sin embargo, que “el planteamiento no ha de ser a la defensiva, sino a la contra”. “Hay que pedir la revisión completa del pacto constitucional, que incluye el Código Penal porque es la Constitución en negativo. Donde la Constitución establece derechos, el Código Penal establece líneas rojas. Se trata de una lucha constitucional”, concluyó.

B. Seguridad y privacidad en la red

El FCForum estudió como contrarrestar los nuevos intentos de criminalización y censura de la actividad en la red también desde el punto de vista de las herramientas que protegen la seguridad y la privacidad de los usuarios y permiten eludir el bloqueo de contenidos.

La censura y el control de las comunicaciones no es algo que sólo ocurra en regímenes autoritarios, como es el caso de China o Irán, también en Europa ha habido casos recientes de bloqueo de contenidos.

En España han tenido lugar dos casos recientes, políticamente motivados. Youtube desactivó este año el acceso local a dos vídeos polémicos: el que colgó la plataforma de periodismo ciudadano 15MBcn.tv que recogía el testimonio de un ciudadano que denunció haber sido torturado en una comisaría de Barcelona y otro de la revista Cafèambllet que revelaba un informe público silenciado sobre corrupción en la sanidad catalana.
El primero, y según Youtube, fue bloqueado a causa de una petición gubernamental. El segundo, por una presunta querella de difamación que no existe.


1. El Proyecto Tor y Telecomix

El FCForum abordó dos de las proyectos internacionales más interesantes que trabajan desde hace tiempo con el objetivo de promover el acceso y la libertad de expresión en Internet, el Proyecto Tor y Telecomix.

El Proyecto Tor participó en el FCForum en una conexión en directo por vídeo-conferencia. Nacido en 2003, su objetivo es el desarrollo de una red de comunicaciones distribuida para ocultar la identidad de los usuarios y garantizar su privacidad.

Tor distribuye las transacciones en distintos sitios de Internet y crea un circuito de conexiones encriptadas a través de nodos (ordenadores). El contenido se transmite de nodo a nodo, pero cada uno de ellos sólo sabe cuál fue el nodo anterior y cuál será el siguiente. De esta forma, se evita que se pueda rastrear la información que envía un usuario hasta llegar a su dirección IP. El único inconveniente es que la conexión es más lenta.

Es una herramienta de software libre muy usada desde hace años por los ciberactivistas en el mundo árabe y en todos aquellos países donde es necesario garantizar el anonimato y proteger el contenido de las comunicaciones.

Telecomix se define a sí mismo como un grupo que trabaja con activismo técnico directo. “Más que una organización, somos un sitio en Internet, que consiste en un canal de chat abierto al que todo el mundo se puede unir, sugerir y proponer proyectos”, dijo Magnus Eriksson, el encargado de representarlo en el FCForum 2012.

De origen sueco, se trata de un grupo descentralizado de hacktivistas comprometidos con la libertad de expresión y de información, la neutralidad en la red y el data love (amor por los datos). Su objetivo es mantener la red abierta y echar una mano a todos aquéllos que necesiten ayuda para combatir la censura o para comunicarse, abriendo canales de comunicación de emergencia y copiando contenidos para que no puedan ser eliminados. Uno de sus proyectos es la plataforma HYPERLINK “http://streisand.me/”Streisand.me, un servicio para liberar información censurada.

Telecomix ha colaborado en situaciones de emergencia y de riesgo para la disidencia política. Ofreció conexiones seguras a la oposición ciudadana en las elecciones de Irán de 2009 creando proxies y túneles VPN, y ayudó a los egipcios a conectarse con viejos módems a través de la red telefónica terrestre cuando Hosni Mubarak forzó el apagón de Internet durante la revolución de enero de 2011.

El grupo ha ayudado recientemente a los activistas sirios a detectar y evitar la vigilancia online, llevada a cabo por el régimen de Al-Assad con tecnología de la compañía estadounidense Blue Coat Systems.

Telecomix desarrolla también proyectos de criptografía y comunicación anónima e infraestructura (plataformas de microblogging o etherpad propios) y toda aquella tecnología que ayude a descentralizar Internet.

“El término ‘cibercrimen’ es muy amplio. El problema es que ahí se mete todo y que se quiere solucionar todo con una sola medida, la vigilancia: parece que controlando a todo el mundo e identificando a todo el mundo desaparecerá desde el terrorismo al bullying.
Si hay ‘cibercrimen’ es porque hay mala seguridad”, subrayó Magnus Eriksson, que hizo alusión a los “unknown unknowns” del exsecretario de Defensa de EEUU Ronald Rumsfeld (“lo que no se sabe que no se sabe”): “Por eso lo han de controlar siempre todo, ninguna sociedad puede gestionar una eventualidad así”.


2. Herramientas de protección en red

Además de Tor y de la tecnología que facilita Telecomix, existen una gran variedad de herramientas para proteger la identidad y el tráfico de datos en la red.
Para Pablo Castellano, experto en seguridad informática y programador de software y colaborador en proyectos hacktivistas y de redes libre, uno de los elementos esenciales de seguridad es que el usuario sea consciente de qué rastros deja en la red, sepa cómo prevenir los ataques y aprenda a distinguir entre las aplicaciones seguras y las que no lo son.

Los “logs” son las evidencias digitales que se van dejando cuando se usa cualquier servicio de internet. Un log es un archivo que por defecto guarda automáticamente cualquier página web visitada y que contiene la información del IP del usuario, la fecha de visita y el navegador que usa. Los dejan, por ejemplo, botones tan aparentemente inofensivos como el “like”/”me gusta” de Facebook o el hecho de hacer un retuit en Twitter.

Se pueden evitar de distintas maneras: borrando las sesiones, la caché y las cookies; usando extensiones extra en el ordenador; usando servicios de servidores autogestionados, como Riseup, cuya prioridad es la seguridad y ofrece cuentas de correo y blogs, y usando proxies y Tor para ocultar la identidad digital.

El “Ataque Man-In-The- Middle” (MITN), o ataque de intermediario, es un ataque frecuente llevado a cabo tanto por usuarios malévolos, malware, troyanos, etc., como por gobiernos, como ha sido el caso del iraní con gmail o del sirio con Facebook. El atacante se infiltra en la conexión entre el navegador y el servidor web del usuario e intercepta las comunicaciones.

Se trata de un tipo de ataque difícil de evitar y es uno de los motivos por los que de vez en cuando al intentar entrar en una página aparece la advertencia “Esta conexión no es segura”. Usar la conexión segura https:// ayuda a detectarlo.

Además de Tor, que calificó como “la herramienta por excelencia”, Pablo Castellano mostró otras herramientas útiles para incrementar la seguridad y la privacidad de las conexiones, evitar ser controlado o espiado en la red y sortear la censura o el bloqueo de contenidos.

Extensiones para Firefox: FoxyProxy es una herramienta de administración de proxies avanzada. El HTTPS Everywhere es una extensión creada por la Electronic Frontier Foundation. Fuerza el navegador a usar siempre que sea posible https://, una conexión muy útil y segura en la que los datos van cifrados.

BetterPrivacy elimina las super-cookies, que no expiran y almacenan mucha más información. Ghostery se utiliza para detectar qué programas usan los datos de navegación del usuario y ofrece la posibilidad de bloquearlos.

Proxies HTTP: Un proxie es una herramienta que permite que nos conectemos a través de cualquier otro ordenador. Equivaldría a un ordenador intermedio. El proxie HTTP permite cambiar la dirección IP del ordenador, que determina su ubicación, y evita que se sepa qué webs visita el usuario y desde dónde las visita. Es muy útil, además, para acceder a contenidos bloqueados en un país determinado.

Cadena de proxies HTTP: Una cadena de proxies tiene las mismas ventajas que usar un proxie pero con el añadido que se añaden capas de dificultad para la localización del usuario.

C. Bibliografía para una revolución

Tecnopolítica, internet y r-evoluciones
Cultura libre digital
Anteproyecto Código Penal
Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas. Mario Tascón y Yolanda Quintana
Tecnopolítica, internet y r-evoluciones. Sobre la centralidad de las redes digitales en el 15-M. Autores varios
Desobediencia civil. Francisco Fernández Buey.
Tratado para radicales. Manual para revolucionarios pragmáticos. Saul Alinsky.
Guerrilla. Lawrence de Arabia
Manual de desobediencia contra la ley Sinde. Hacktivistas


III. HACIA UNA VERDADERA DEMOCRACIA PARA LA ERA DIGITAL

La sociedad civil organizada ya no quiere seguir siendo espectadora de la “democracia” y está mucho más avanzada que los legisladores en la petición y elaboración de políticas públicas que garanticen las necesidades sociales de la población.

Los ciudadanos conectados están reinventando la democracia como multitud inteligente y exploran de una forma innovadora y creativa las posibilidades de las nuevas tecnologías para la participación efectiva, la transparencia, la fiscalización de los gestores públicos y el libre flujo de información.

A. La transparencia y la lucha por la mejor ley en España

El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido por los tribunales internacionales de derechos humanos que todavía no está protegido y garantizado en España. España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes (es decir, exceptuando a Chipre y Luxemburgo) que no cuenta con una legislación que lo regule.
Era una asignatura pendiente de la transición que no ha sido prioritaria hasta ahora: aunque el gobierno actual del Partido Popular ha presentado una legislación que ya está en trámite parlamentario, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se trata de una iniciativa descafeinada que no cumple los requisitos mínimos de la OSCE y está por debajo de los estándares internacionales y de los valores consagrados por la Open Government Partnership, una iniciativa de la que España forma parte y que fue impulsada en 2011 con el objetivo de incrementar la transparencia, empoderar al ciudadano, combatir la corrupción y promover el uso de las nuevas tecnologías para reforzar el buen gobierno.

Para Vicky Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe, los tres problemas básicos de la normativa son que no reconoce el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental; que excluye mucha información de diferentes instituciones públicas y distintos tipos de información, y que no reconoce la creación de un órgano independiente que vele por la implementación de este derecho.
Tampoco contiene elementos del Open Data, un movimiento ya muy desarrollado en España, como es publicar la información en formatos que sean abiertos y reutilizables y que permitan su análisis automatizado.

“La ley no es suficiente porque deja muchas cosas de lado. Es una ley que nace vieja, que podría haber sido aprobada en los años 70 y que no piensa en las nuevas tecnologías. Una ley no puede ser lo que ya tenemos desarrollado sino lo que no tenemos y queremos tener desarrollado pensando en el futuro. Será la ley que tengamos en los próximos 30 años y tiene que ser la base del futuro”, afirmó Anderica en el FCForum. “Si llegamos los últimos, tenemos que ponernos los primeros, esa sería la lógica”.

Access Info Europe es una de las organizaciones que el Gobierno español consultó para desarrollar la normativa, cuyo borrador fue estudiado por una comisión de expertos. También puso en marcha una consulta pública ciudadana en la que recibió cerca de 3.700 aportaciones. Pero la normativa no recoge la opinión de los expertos ni de la ciudadanía.

“El concepto es muy simple: la información en manos de las instituciones públicas es pública, exceptuando aquélla que pueda dañar a los intereses públicos”, subrayó Anderica. “Tenemos que decirle al Gobierno y al Parlamento que no estamos inventado nada. Hay jurisprudencia, existen 93 leyes de transparencia en el mundo y tenemos que empaparnos de los mejores ejemplos”.

Los problemas que se derivan de no tener una ley de acceso a la información son muchos. El más evidente es que la transparencia disuade la corrupción y los desmanes. Para Daniel Dietricht, que representó a la Open Knowledge Foundation en el FCForum, los datos públicos abiertos son necesarios porque ayudan a los ciudadanos a fiscalizar la acción del gobierno, a entender mejor por qué y cómo se toman las decisiones y para tomar decisiones informadas y jugar un rol activo en sociedad.
“A los Gobiernos y a la administración pública les permite tomar mejores decisiones e incrementar su eficiencia y eficacia”, añadió. “A la vez, promueve que gobiernos, ciudadanos, académicos y el sector privado trabajen juntos y busquen mejores soluciones de forma colaborativa”.

La Open Knowledge Foundation es una ONG de origen alemán que cuenta con muchos grupos de trabajo autónomo a nivel global y que promueve la transparencia de forma activa, desarrollando herramientas y comunidades para crear, compartir y usar el conocimiento. Su punto de partida es que la Open Data es un requisito previo a la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Ha desarrollado portales y herramientas para facilitar la publicación y el acceso a datos, como Ckan para la visualización de datos, como el Open Spending, un software libre para hacer más transparentes los presupuestos y el gasto público, y una guía sobre el Open Data.

La Fundación apuesta también por colaborar con Gobiernos y Parlamentos para hacerlos más transparentes y responsables. Por ello, participa y apoya el OpeningParliament.org, un foro que trabaja para hacer más abierto el proceso legislativo a través de la participación ciudadana en el que también colabora Access Info Europa y algunas iniciativas españolas que luchan por la transparencia, como la Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados.

Civio y Qué hacen los diputados fueron algunas de las iniciativas españolas que se presentaron en el FCForum. Todas ellas trabajan para promover la transparencia por parte de las instituciones y los gestores públicos o, ante el secretismo imperante en la administración, fiscalizan la gestión de los cargos públicos electos y buscan información opaca que en otros países se publica regularmente, como es el caso del desglose del gasto público. Según datos de Access Info Europe, la media de silencio administrativo en España -es decir, de no saben no contestan- es del 50%.

Algunas de ellas son ya veteranas pero otras nacieron o se han potenciado al calor del surgimiento del movimiento 15M. La gran mayoría son proyectos ciudadanos altruistas que se financian con su propio bolsillo, Los avances, coinciden, se están consiguiendo gracias a dinámicas de colaboración en red.


1. Iniciativas que promueven el libre acceso a la información

Fundación Ciudadana Civio es una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar un concepto de ciudadanía activa mediante la transparencia informativa y la apertura de datos y el uso de la tecnología. Sus principales actividades son el desarrollo de aplicaciones web que faciliten el acceso a la información pública y la creación de contenidos periodísticos independientes y de calidad. Uno de sus objetivos es establecer puentes entre la sociedad civil y las instituciones públicas.

Civio nació hace menos de un año impulsada por la periodista Mar Cabra y a raíz de su propia experiencia personal en Estados Unidos. “He visto un mundo donde se sabe cosas que aquí no se saben”, arrancó Mar Cabra su intervención en el FCForum y puso después como ejemplo distintas plataformas de acceso a la información pública estadounidenses, entre las cuales OpenSecrets.org, que controla las donaciones a los partidos políticos, y Sarah’s Inbox, un proyecto de la Sunlight Foundation que contiene los emails que mandó o recibió Sarah Palin mientras era gobernadora de Alaska.

“Tenemos que exigir un país que sea tan transparente como lo son otros países”, afirmó Cabra, que subrayó el problema que no exista en castellano un término equivalente al inglés “accountability” (la obligación de aceptar la responsabilidad de rendir cuentas): “No tenemos una palabra que defina este concepto que tenemos que exigir a nuestros gobernantes”.

Civio ha puesto en marcha ya tres proyectos:

  1. Tu Derecho a Saber es la primera web en España que facilita de forma muy sencilla que cualquier ciudadano pueda solicitar información a cualquier institución pública. Creada conjuntamente con Access Info Europe e inspirada en el proyecto WhatDoTheyKnow? de la británica MySociety, funciona como un intermediario entre el solicitante y la administración. Envía la petición del usuario de forma automática y le avisa cuando recibe respuesta.

    Lo más interesante es que solicitudes y respuestas quedan publicadas por lo que es posible consultarlas, revisar si han obtenido respuesta y, en ese caso, contrastarlas. Ahora mismo, tiene recogidas 557 solicitudes de información ciudadanas: desde una que pide al ministerio de Justicia el número de indultados en el último año (esperando respuesta), otra que pregunta al ministerio de Hacienda cuánto dinero se recaudó en el ejercicio 2012 de la casilla “otros fines” y cuánto se destinó a la Iglesia católica (respuesta insatisfactoria) a una más que inquiere al Ayuntamiento de Girona el coste de los transportes contratados para el desplazamiento de ciudadanos a la manifestación del 11 de Septiembre en Barcelona (respuesta exitosa).

  2. ¿Dónde van mis impuestos? usa la aplicación desarrollada por la Open Knowledge Foundation para representar el gasto público español. Permite ver los presupuestos generales del estado desde 2008, cuanto dinero se gasta y cómo se gasta (aunque no la ejecución del gasto) y ayuda comparar las cifras por años. Se trata de una herramienta de visualización muy útil, destinada a entender grandes cantidades de información.
  3. España en llamas, a su vez, es una página web que, entre otras cosas, visualiza sobre un mapa los incendios forestales de más de 100 hectáreas ocurridos en España en el período 2001-2010.

Qué hacen los diputados es una plataforma formada por cinco personas que se fundó en diciembre de 2011 y que se dedica a seguir la actividad de los diputados dentro del Congreso. “Todos los miércoles hay una sesión de control en el Congreso y eso es lo único que llega además de alguna gran ley, pero hay muchas comisiones que legislan sobre cosas que afectan a la ciudadanía”, explicó en el FCForum Vicky Bolaños. Inspirado en proyectos como el Open Congress de Estados Unidos y el Openpolis italiano, su objetivo es acercar a los ciudadanos a las decisiones políticas y conseguir que se impliquen en el seguimiento de sus representantes.

Qué hacen los diputados cuenta con un blog, una cuenta en Twitter y otra en Youtube y un grupo en Facebook a través de los que difunde la agenda parlamentaria, enlaza con los documentos de trabajo, informa de la trayectoria profesional y política de los diputados y explica cómo funciona el Congreso y en qué consiste el trabajo de los diputados. También examina y analiza las iniciativas que presentan e interactuan con ellos a través de las redes sociales.

Nuestra idea no és sólo crear una página web con el currículo de los diputados, sino una especie de Parlamento de personas muy grande en el que los ciudadanos adopten a uno de los 350 diputados y sigan su trabajo”, explicó Bolaños, que avanzó que ya están desarrollando una aplicación para hacerlo posible.

El principio será que las personas que “adopten” a un diputado introduzcan en la aplicación la información que se encuentra en su ficha de la web del Congreso y toda la información recabable sobre su trayectoria profesional, ya sea pública o en la empresa privada, declaración de bienes y actividades y su desempeño dentro del Parlamento (preguntas orales, comparecencia en pleno y comisión, etc).

Graba tu pleno es una plataforma nacida hace un año para defender el derecho de cualquier ciudadano a grabar los plenos de cada pueblo y difundirlos en Internet. Surgió gracias a la colaboración en red de distintos ciudadanos que llevaban a cabo una lucha similar en localidades distintas y busca seguir aunando fuerzas y experiencias a través de las redes sociales así como impulsar la participación ciudadana en la vida política municipal.

Un pleno municipal es un acto público y asistir a él, grabarlo y difundir las imagenes no está prohibido por ley. Aún así y según denunciaron en el FCForum dos de los impulsores de la plataforma, Óscar y Félix, en muchos municipios pequeños y con el propósito “de mantener la gestión lo más oculta posible, impiden la participación ciudadana”.

Eso le pasó a Óscar, que decidió acudir al pleno de Mojata, el pueblo de Almería donde vive, para ver cómo gestionaba el Ayuntamiento el dinero y los recursos públicos. “Fui a los plenos con mi cámara para que la gente viera qué sucedía. Pedí permiso previo y me dijeron que no. Me asesoré y decidí que los grabaría. Me presenté en pleno y me expulsó la policía”, contó. “Internet nos está ayudando a superar la frustración, hay mucha gente que hace lo mismo”, añadió Félix. Sin ir más lejos, y en las 24 horas anteriores al FCForum, se intentaron grabar plenos en Canvados (Pontevedra), Tudela (Navarra), Ponferrada (León) y, por octava vez, en Pinto (Madrid).

Graba tu pleno ha recibido el apoyo del Defensor del Pueblo, ha iniciado procesos judiciales contra algunos alcaldes, ha enviado una queja al Parlamento Europeo y ha conseguido visibilizar su causa saliendo en varios medios de comunicación.

Su objetivo ahora es luchar porque se garantice por ley el derecho a grabar los plenos. “Normalmente, es exclusividad del alcalde que dejen grabar o no, con independencia de las normativas municipales”, concluyeron. “Estamos peleando por eso en los juzgados. Gracias a la plataforma en muchos pueblos de España ya se puede grabar, pero el objetivo es que se elabore una ley que sea clara”.


2. Iniciativas que fiscalizan la gestión pública

Discursia es una plataforma online a modo de directorio que fiscaliza la labor de los diputados y diputadas en el Congreso español y que permite a los ciudadanos valorar la actividad de los políticos y contactar con ellos. Nació a finales de 2007 en Ibiza, cuando José Costa y Óscar Ribas, sus promotores, se dieron cuenta de que prácticamente no sabían nada de la gestión que llevaban a cabo en Madrid los diputados elegidos en la isla. Abrieron la web en enero de 2008 y un mes después ya habían salido en varios medios de comunicación y tenían un volumen de visitas totalmente inesperado.

“Pasamos de 200 a más de 3.000 visitas diarias. No esperábamos que la gente se pusiera a votar y a compartir así, teníamos 100 votos cada cinco minutos, el servidor se tambaleaba y se desbordaron los comentarios”, contó Óscar Ribas en el FCForum. La plataforma fue una herramienta útil para muchas personas para decidir su voto en las elecciones generales de marzo de 2008.

Para crearla, Discursia utilizó la información que encontró disponible en la web del Congreso y reclamó la que no estaba colgada, la categorizó y le aplicó “magia técnica”, como la llamó Ribas, para establecer rankings: desvelaron cuál es el diputado más trabajador y cuál el más vago y qué diputado cobra más y cuál menos. “Pedimos la información y nos facilitaron la que quisieron. Nos facilitaron un pdf con los salarios de los diputados. Lo que más nos costó fue descifrarlos, pero lo que queremos es que nos den información, lo que nos fastidia es que nos la oculten, porque ahí no podemos hacer nada”.

Sueldos Públicos nació en marzo de 2012 bajo el formato de un diario digital y con el objetivo de fiscalizar el salario de los cargos públicos electos y construir una base de datos para supervisar cómo se gasta el dinero público y detectar los casos de despilfarro y de corrupción. Según explicó en el FCForum el periodista y politólogo Carles Torrijos, director y fundador de la iniciativa, aunque la nómina de los políticos es pública no siempre es visible ni es fácil acceder a esa información. Mucho más opacos, añadió, son los datos de lo que cobran los cargos de confianza.

Torrijos expuso en el FCForum una suerte de “teoría de los clicks“, según la cual a cuantos más enlaces debe visitarse para encontrar la información en un portal público menos transparente es y puso como ejemplo de ello la nueva web de la Casa Real. Como ejemplo positivo mencionó el del Ayuntamiento de Bilbao, que cumple los parámetros de transparencia internacional.

Sueldos Públicos es muy transparente: con un solo click se puede saber lo que cobra un político. O más o menos. “Desgraciadamente, la nómina de los cargos públicos es pública, en teoría, pero siguen existiendo elementos de opacidad que impiden conocer, con exactitud, los ingresos de la mayoría de nuestros representante”, subrayó Torrijos en referencia al hecho de que los ingresos brutos se dividen en salario, asignaciones y complementos que no siempre son fáciles de sumar.

La plataforma trabaja a partir de la nómina que pide a los diputados, lo que permite ver la retención, y la cantidad que se dona a los partidos. Y reclama explicaciones a la administración pública cuando los ingresos de un cargo parecen excesivos. “Hemos pedido a la Diputación de Barcelona que nos expliquen qué criterios se han utilizado para asignarse esos sueldos: el presidente cobra más de 8.265,98 euros brutos al mes, en 14 pagas. Y tiene un cargo público electo como representante en Martorell”, denunció. “El desbarajuste total se da con los sueldos de municipios de medio pelo, que cobran más que el presidente”.


3. Memopol, una herramienta para la transparencia parlamentaria

Hasta hace tan sólo unos meses no era posible seguir la pista a las votaciones en el Parlamento Europeo si no se pedía la información directamente a los partidos políticos. Ahora ya la cuelgan en la web de la institución, aunque los formatos no son manipulables.

Memopol (Political Memory) es una herramienta de software libre desarrollada por La Quadrature du Net que usa esta información para visualizar cómo se vota en la Cámara europea, ya sea por diputado, por partido o por coalición. El objetivo es ayudar a los ciudadanos a seguir la actividad de los miembros del Parlamento Europeo que han elegido para representarles, valorar su gestión, poder establecer contacto con ellos más fácilmente e influir en sus decisiones.
La idea de partida es que los diputados, ya sea en el hemiciclo europeo o en los parlamentos estatales y regionales, toman las decisiones sabiendo que no llegarán a conocimiento de los ciudadanos. Incrementando el escrutinio, se incrementa el coste político de lo que hagan.

La Quadrature du Net ha liberado esta aplicación web para que pueda ser utilizada en cualquier país. El colectivo Hacktivistas lleva un año adaptándola al Congreso español.

Según explicó Txarlie Axebra en el FCForum, el objetivo es que las votaciones se pueden graduar en cinco niveles de intensidad e importancia y valorar si es positiva o negativa en términos, por ejemplo, de libertad en Internet. “Así sabemos las leyes positivas quién vota a favor, las negativas quién vota en contra, qué pasa con las leyes sobre el tema hipotecario, la propiedad intelectual, etc”, afirmó.

B. Periodismo y libertad de información

El balance de la libertad de información en el mundo empeora año a año. El recuento de víctimas de Reporteros Sin Fronteras ha aumentado en 2012 a la vez que se ha ampliado la lista de Enemigos de Internet que elabora anualmente la organización.

Según los datos que ofreció en el FCForum Malén Aznárez, presidenta de RSF en España, en lo que va de año han muerto violentamente en todo el mundo 92 informadores, muchos de ellos asesinados. 39 de ellos eran internautas o periodistas ciudadanos. Actualmente hay 300 informadores (entre ellos, 129 digitales) encarcelados por hacer su trabajo o por intentar hacerlo.

La represión y la censura, y el número de ciberperiodistas muertos o represaliados ha ido en aumento a medida que el uso de Internet y de las redes sociales se ha popularizado como herramienta privilegiada de diseminación de la información en tiempo real. “A nuevos tiempos y a nuevos soportes informativos, nuevas formas de censura“, advirtió Aznárez, que resumió así la situación: hay 60 países que establecen controles o censura en Internet; uno de cada tres internautas no tiene acceso libre a la red, y la lista negra de enemigos de Internet de la organización incluye 12 países y 14 más bajo vigilancia.

Las tácticas de censura incluyen y combinan obstaculizar el acceso, filtrar contenidos, difundir propaganda activamente, rastrear a los disidentes y torturar a los ciberactivistas para que revelen sus claves de acceso. El bloqueo de páginas, uno de los métodos más tradicionales, ha dejado de ser rentable económicamente y ahora los regímenes represivos prefieren ralentizar la conexión para impedir el envío de imagenes e inundar la red con propaganda e información manipulada.

Aznárez se refirió también a un nuevo tipo de censura inquietante. “Los gobiernos se están poniendo de acuerdo con los proveedores de tecnología para que desempeñen el papel de policías de la red. Algunas grandes multinacionales se están convirtiendo en nuevos mercenarios de una carrera represora online y a petición de ciertos gobiernos redireccionan los servidores para que en determinados países no se pueda tener acceso a cierta información”, denunció, mencionado en concreto el caso de Blogger en India.
RSF ha pedido que las empresas que colaboran con la censura sean sancionadas y ha publicado listas de empresas de Estados Unidos (Boeing, Bue Coat, Cisco), Francia (Bull), Finlandia (Nokia Siemmens Network) o Canadá (Netfirms) que colaboran o han colaborado con la Libia de Gaddafi, Bahréin, Síria o China.

Como ya subrayó el FcForum en ésta y anteriores convocatorias, trasladar la responsabilidad del control a las entidades comerciales es la tendencia de las nuevas legislaciones sobre Internet que se están debatiendo o aprobando en algunos países occidentales, como es el caso de la PIPA y SOPA en Estados Unidos o de la ley Sinde en España. Malén Aznárez confirmó que “la censura no sólo se está practicando en países totalitarios o dictatoriales, también en los países democráticos aumenta el número de censuras en Internet y los gobiernos se amparan en las leyes de defensa de los derechos de autor o las que luchan contra la pedofilia y contra el terrorismo”.

La presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España citó a Australia y Francia como ejemplos de países que han aprobado leyes “francamente peligrosas” para la libertad de prensa. Ambos forman parte de la lista de 14 países “bajo vigilancia” del informe de Enemigos de Internet de la organización.


1. El caso de la revista Cafèambllet

La presencia de la revista Cafèambllet en el FCForum mostró que la censura y la represión a la libertad de expresión y de información no es patrimonio de los países dictatoriales y sucede también muy cerca de casa.
La intervención de Albano Dante, que edita la revista junto a su pareja, Marta Sibina, fue el momento más emotivo de la jornada. “Parece mentira que Reporteros Sin Fronteras lleve cuarenta años trabajando”, empezó entre aplausos este filólogo de formación que hace diez años decidió junto a Sibina abrir la revista en Breda, el pueblo del sur de Girona donde viven, para informar mejor a un nivel muy local de lo que sucedía en la zona y ha acabado siendo sentenciado a pagar 10.000 euros de indemnización a Josep Maria Via, un alto cargo de sanidad catalana y asesor del presidente Artur Mas, por una demanda de derecho al honor.

Ahora mismo, Cafèambllet distribuye a mano y de forma gratuita 30.000 ejemplares en un área de unas 200.000 personas (Lloret, Calella y el interior de la comarca de la Selva) y es, según el Barómetro de la Comunicación y la Cultura de la Generalitat de Catalunya, la segunda revista mensual más leída de la provincia de Girona. La revista tiene también una web, que no genera ingresos pero sí muchas visitas. No dispone de subvenciones públicas y se financia precariamente con los anuncios que publican sobre todo los comercios de la zona en su edición en papel.
Marta sigue trabajando a media jornada como enfermera quirúrgica y dedica el resto de su tiempo a gestionar la revista; Albano es el director y el único redactor. El comedor de su casa es la redacción.

“Se trata de una revista de papel gratuita que informa sobre cosas intrascendentes, desde que han asfaltado una calle a lo que se ha decidido en el pleno municipal, que es poca cosa. Pero empezamos a tirar del hilo de lo que estaba pasando en los hospitales públicos de la zona y al final del hilo lo que había era un problema de todo el sistema sanitario catalán” explicó. “Somos gente de pueblo que se ha encontrado con una cosa muy general”.

La investigación de Cafèambllet, centrada en seguir la pista al destino del dinero público que recibe la Corporación de Salud Selva Maresme por la gestión de los hospitales de la zona, ha revelado casos de irregularidades que implican a altos cargos de la sanidad catalana.
De su labor y los artículos que ha publicado se han derivado investigaciones de la Oficina Antifraude. Cafèambllet fue la primera publicación en destapar el caso de Ramon Bagó, exalcalde de Calella y expresidente y consejero del Consorci de Sanitari i Social de Catalunya, y la primera, junto con el diario El País, en publicar que en 2006 la Sindicatura de Cuentas archivó un informe que acusaba a Xavier Crespo, exalcalde de Lloret, diputado por CiU y presidente hasta hace poco de la comisión de Salud del Parlament, de enriquecerse con dinero de hospitales.

“El Informe de la Sindicatura de Cuentas detectó la desaparición de 2,7 millones de euros en dos hospitales comarcales. Hicimos un vídeo para explicar no sólo que había este informe sino que este informe no había visto la luz”, contó Albano en el FCForum. Youtube desactivó el acceso al vídeo en España alegando una presunta demanda de difamación que no existe. “Aquí no tenemos periodistas muertos y encarcelados pero la tendencia es peligrosísima”, añadió.
El vídeo ”El robo más grande de la historia de Catalunya”, que colgaron en febrero pasado en Youtube, es el que los llevó al banquillo.
En él denuncian sin paliativos que la sanidad catalana “es un nido de corrupción y opacidad” y que mientras que se recortan servicios y se reduce el sueldo a los trabajadores “una élite formada por políticos y empresarios se gastan el dinero alegremente sin límites y sin que nadie los controle”.

Detallan las partidas de gastos opacas de los 100 millones anuales que la Corporación recibe de la Generalitat y lanzan públicamente algunas de las preguntas que no les han contestado. ¿En qué se gastaron los 82.000 euros que se destinaron a “protocolo” en el 2010? ¿Cómo se desglosan los 459.000 euros empleados en “gastos varios” ese mismo año? ¿Cómo se adjudicaron? ¿Se adjudicaron a dedo? ¿Y dónde están los “informes” pagados con 232.000 euros y de qué trataban?

Un juzgado de primera instancia de Barcelona falló el 24 de octubre a favor del demandante y condenó a Cafèambllet a destruir el vídeo, retirarlo de Youtube e indemnizar a Josep Maria Via con 10.000 euros. Y todo eso por una sola frase que aludía a Via: “… gente como usted, como Bagó, como Manté y tantos otros que se han enriquecido a costa de hundir nuestra Sanidad…”.


2. Voces ciudadanas: Global Voices Online

Global Voices Online es una plataforma internacional ciudadana de blogueros que nació en 2005 como una iniciativa del Berkman Center de Harvard para dar respuesta a la carencia informativa que detectaban ciudadanos de distintos países del mundo en la cobertura de los medios convencionales. Uno de los elementos más potentes de esta comunidad es su diversidad lingüística: sus contenidos se traducen a multitud de idiomas, incluso a lenguas como el malagasi o el aymara.

“La idea fue montar una plataforma en la que cada ciudadano pudiera contar cosas que afectaba a su entorno. Representar las voces ciudadanas por los mismos ciudadanos que lo están viviendo y no por intermediarios que tengan que acercarse a interpretar ese contexto”, contó Leila Nachawati en el FCForum. “Hay cobertura de cosas tan dispares como un terremoto en Chile hasta lenguas indígenas amenazadas en zonas muy poco representadas”.

Global Voices ha ido ampliando sus actividades y sus proyectos. Leila Nachawati trabaja en concreto en Global Voices Advocacy, que busca crear una red anticensura global, cubrir las carencias y los peligros para la libertad de expresión y visibilizar los abusos. En este marco el proyecto Threatened Voices realiza un seguimiento de todas las voces que peligran por el trabajo de comunicar.

“Internautas o blogueros es una etiqueta que se nos queda ya pequeña. Se ha diluido la frontera entre lo que es un periodista, lo que es un activista y lo que es un bloguero”, afirmó. “En Siria no hay una diferencia, porque en ambos casos eres un blanco para el régimen por contar lo que está sucediendo”.

El equipo de Global Voices es profesional y remunerado pero para poderlo mantener cuenta con una comunidad de miles de voluntarios en todo el mundo. La financiación procede de becas, donaciones y subvenciones.

C. Democracia de red para la sociedad red

Para X.net los efectos son muchos y ya están en marcha. El 15M y la emergencia de otros movimientos ciudadanos en 2011 han puesto en evidencia que las instituciones surgidas al calor de la sociedad industrial “están en crisis terminal” y han hecho emerger nuevas formas de democracia.

“El 15M hizo envejecer súbitamente a partidos políticos, sindicatos e instituciones y puso de relieve su obsolescencia”. “La sociedad civil conectada exige reformar de arriba a abajo la estructura del estado. El 15M ha planteado claramente que la ciudadanía quiere ser parte de la transformación colectiva de la democracia y el 25S ha puesto sobre la mesa la necesidad de un proceso constituyente”.

El proceso de reinvención de la democracia en esta nueva sociedad conectada, advirtió, tiene que tomar muy en cuenta el uso y la importancia de la red. Pero no se parte de cero: existen prototipos e iniciativas interesantes llevadas a cabo en otros países, principalmente en Brasil y en Islandia, y herramientas que ya se han empezado a testear en España, como es el caso de Democracia 4.0.


1. Brasil: prototipos inspiradores

El Marco Civil de Internet, que se está acabando de tramitar en el Parlamento brasileño, ha sido la primera legislación mundial hecha en Internet por los ciudadanos. La normativa tiene como objetivo establecer los derechos y las responsabilidades de los usuarios basándose en el principio de la neutralidad en la red. Para elaborarla, se construyó una web y se puso en marcha un proceso de construcción colectiva y descentralizado muy transparente y en el que los ciudadanos pudieron participar de igual a igual.

Otro experimento muy avanzado, también en Brasil, es el Gabinete Digital que se lanzó el año pasado en el estado de Rio Grande do Sul y que surgió en la ciudad de Porto Alegre, que llevaba ya muchos años trabajando con presupuestos participativos y organizando el Foro Social Mundial.

El Gabinete Digital es un dispositivo que se inspira en la emergencia de los movimientos ciudadanos conectados en red y que usa distintas herramientas de software libre para fomentar y posibilitar el diálogo entre la ciudadanía y el Gobierno. Incluye programas como “el Gobernador responde” y “el Gobernador pregunta”. La primera pregunta que lanzó el Gobernador, Tarso Genro, sobre cómo se podía mejorar la Sanidad, generó 1.388 propuestas en un mes y 122.000 votos e implicó a 60.000 personas.


2. El ejemplo islandés

Islandia fue uno de los primeros países en sufrir las consecuencias de la crisis económica y financiera pero también uno de los primeros en los que la ciudadanía le sacó partido para poner en marcha un proceso de transformación y renovación democrática. “De un día para otro, los bancos comerciales colapsaron y la gente sacó el dinero”, explicó Róbert Bjarnason, presidente de Citizens Foundation, una ONG con base en Reykjavic que nació de la crisis y que ofrece plataformas de código abierto para promover el diálogo colaborativo, la participación ciudadana en la gestión pública y el debate sobre las prioridades de los ciudadanos para mejorar la comunidad. Sus prototipos han sido utilizados en otros países.

Citizens Foundation se fundó al calor de las protestas ciudadanas y se planteó poner en marcha una iniciativa, “Shadow Parliament” (Parlamento en la Sombra), con el objetivo de incrementar la democracia directa que no acabó de funcionar con eficiencia. Aprendió de la experiencia y se centró en el ámbito local: una semana antes de las elecciones municipales del 2010 lanzó la web Better Reykjavic, que permitió a los ciudadanos exponer y discutir la carencias y las necesidades para mejorar la ciudad y posibilitó a los partidos políticos que quisieran usarla interactuar con el electorado.

En una semana, participó un 40% del censo electoral y se establecieron cerca de mil prioridades. “Había mucha gente escéptica. Creían que no se podía dar a la gente tanto poder. Pero se equivocaron. Muchas de las ideas se aplicaron y muchas conllevaron un ahorro del dinero público”, afirmó Bjanarson en el FCForum. La elecciones las ganó el Best Party, el partido que más la había usado, y el actor Jón Gnarr se convirtió en alcalde. Al año siguiente, el portal se mejoró en colaboración con el Ayuntamiento y en 2012 se ha usado para discutir y votar un presupuesto participativo municipal.

Islandia ha utilizado también Internet y las redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr y Youtube) para elaborar colaborativamente la nueva Constitución del país, la principal demanda de las protestas ciudadanas de 2008 y 2009. “Durante 40 años el Parlamento fue incapaz de reformar la Constitución y muchos islandeses querían que fuera más eficiente”, afirmó Bjanarson.

El primer paso del proceso constitucional fue crear una Asamblea Nacional compuesta por 1.000 ciudadanos elegidos arbitrariamente, que fijaron los principios por los que debía guiarse. El siguiente paso fue elegir un Consejo Constitucional de 25 miembros e iniciar un proceso wikicolaborativo de redacción de la Constitución en el que los ciudadanos tuvieran un papel destacado.

“Un 80% de los islandeses está en Facebook así que usar los comentarios en la plataforma fue una muy buena manera de implicar en el proceso a tanta gente como fuera posible. La gente hablaban entre ellos y con los miembros del consejo”, contó Bjanarson. El borrador que se redactó se aprobó el 20 de octubre pasado por referéndum, con un 50% de participación y 2/3 de sufragios positivos. Ahora tiene que ser ratificado por el Parlamento que se elija el año que viene.

D. Estrategias y alternativas

Los debates entorno a la transparencia, libertad de información y democracia en red y los talleres que se realizaron posteriormente generaron estrategias y alternativas que den respuesta a los problemas y retos planteados. Estas son algunas de las sugerencias que se plantearon:

  • En el ámbito de la transparencia, incrementar la coordinación entre las distintas plataformas, para compartir esfuerzos y evitar duplicar los trabajos.
  • Seguir el calendario de tramitación de la ley propuesta por el Gobierno español y hablar con estruendo y diseminar la información. No contar con el apoyo de la UE, ya que no es una competencia delegada y no va a intervenir.
  • Exigir que la administración responda a las solicitudes de información de la ciudadanía y que facilite el acceso a fuentes de información con formatos interpretables (XML).
  • Aprovechar los huecos que ya existen en el sistema: la ley de acceso a la información de Medio Ambiente, que permite acceder a información pública; la regulación comunitaria 1049/2001, que posibilita que se pueda pedir información sobre España a la Unión Europea; la ley de acceso a la información pública que habrá en Navarra a finales de este año, y los portales de Open Data que ya existen, como el del País Vasco.
  • Hacer de “mineros” de la información: aprovechar la enorme cantidad de datos contenidos en el BOE y los boletines regionales, siguiendo el ejemplo de la periodista Eva Belmonte en su blog El BOE nuestro de cada día”.
  • Colaborar con los gobiernos y los legisladores. A menudo, saben menos que la sociedad civil y es necesario enseñarles y ayudarlos. Dejar de verlos como enemigos y plantearse que pueden ser también aliados.
  • En el ámbito del periodismo ciudadano, crear grandes nodos informativos que sirvan de referencia y que puedan financiarse con aportaciones ciudadanas.
  • Crear medios propios ciudadanos formados por equipos transversales que incluyan abogados, editores, etc. Estudiar otros modelos sostenibles de comunicación.
  • Aprovechar las grietas del sistema y empatizar y crear alianzas con los periodistas que trabajan en los grandes medios de comunicación convencionales.


IV. CONCLUSIONES

Las intervenciones, debates y talleres llevados a cabo en el Free Culture Forum 2012 pusieron de relieve que la ciudadanía conectada y la inteligencia colectiva es más avanzada y va mucho más allá de lo que quieren ir los legisladores. Hace falta reactualizar la democracia y ello implica no sólo transformarla por y para la ciudadanía sino consagrar valores clave como la participación directa, real y efectiva, la transparencia, el derecho al acceso a la información pública y el libre flujo de información.

El surgimiento del 15M en España puso de manifiesto todas las carencias y ha emprendido ya un proceso de reconstrucción social y política muy creativo que usa Internet como medio y herramienta privilegiada.

Pero queda todavía mucho camino por recorrer y muchos obstáculos que superar. El poder político y económico ha empezado a entender la potencialidad de la ciudadanía conectada e intenta desactivar los movimientos de desobediencia civil con medidas represoras, tanto desde el ámbito policial como el legal y con medidas que atañen tanto a la lucha en la calle como en la red.

A su vez, el Gobierno español intenta aprobar en el Parlamento una ley de transparencia y acceso a la información que sigue protegiendo el secretismo en la administración y, por tanto, los intereses de los poderosos.

La difusión de la información de servicio público está coartada por los grupos de poder y los intereses de las grandes corporaciones que poseen o financian los grandes medios de comunicación y la banca, que garantiza a base de créditos su control. Mientras los grandes medios se autocensuran para contentar a sus propietarios, los pequeños y alternativos empiezan a ser blanco de presiones que buscan acallar las informaciones que incomodan.

La ciudadanía conectada ha conseguido ya grandes victorias pero debe seguir trabajando y, sobre todo, coordinarse y actuar de forma colaborativa. Existen un buen número de plataformas de lucha social en muchos ámbitos, un sinfín de iniciativas de periodismo ciudadano que están marcando la agenda informativa y unos cuantos proyectos que trabajan por la transparencia, pero la gran mayoría son iniciativas de grupos reducidos que trabajan de forma altruista y no remunerada.

El próximo paso es profesionalizarlas, evitar duplicidades, compartir recursos y herramientas y crear proyectos sostenibles que tengan un mayor impacto.

El 15M y el 25S han generado un proceso de transformación democrática que ha de seguirse con un proceso constituyente. Es un paso esencial que exige una reflexión en profundidad y el estudio de prototipos pioneros que usan la tecnología para incrementar la eficiencia y la participación colectiva y colaborativa.
El uso de Internet es esencial en este proceso y por eso, más que nunca, es necesario defender la red y desactivar todas las excusas con las que se intenta atacarla y someterla.